“Bienes de uso cada vez más difícil de pagar” un pensamiento en voz
alta.
Actualidad
EL PAÍS
Maldito tarifazo
Mientras se anuncian más subas de tarifas, como la del
gas, donde las empresas ya piden por encima de lo anunciado, se multiplican las
protestas en la calle, de los movimientos sociales y sindicales, y los reclamos
legales de intendentes, organizaciones de vecinos y opositores
Por Laura Vales
Mientras en el
Centro Metropolitano de Diseño las distribuidoras de gas pedían, en una
audiencia pública oficial, nuevas subas “para garantizar la sustentabilidad del
servicio”, dos protestas multisectoriales salieron a interpelar la lógica de
los aumentos sin límite. El rechazo a los tarifazos sacó a la calle a
movimientos sociales, que con un arco de sindicatos llevaron al Congreso un
proyecto contra los aumentos. Al mismo tiempo, intendentes del Conurbano y
multisectoriales de vecinos hicieron una suerte de contra audiencia (convocada
como Gran Audiencia Pública Nacional)en el teatro Astros donde, durante siete
horas, vecinos y especialistas expusieron casos y propuestas. El objetivo es
generar consenso y fuerza política para una nueva Ley de Servicios Públicos. Y
bastante más.
“Hay cosas que
sólo podemos hacer en años impares”, definió a PáginaI12 uno de los
intendentes. Para los dirigentes del peronismo bonaerense, organizar la Gran
Audiencia Pública fue una forma de dar otro paso en la construcción de la
buscada unidad, de cara a octubre.
En el teatro
estuvieron Gabriel Katopodis (intendente de San Martín), Verónica Magario (La
Matanza) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). También los precandidatos
presidenciales Agustín Rossi y Felipe Solá, los diputados Hugo Yasky y Leonardo
Grosso y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. Entre los
referentes sindicales se vio al titular del Suteba, Roberto Baradel, y Walter
Correa, de Curtidores. Y referentes de la oposición de peso distrital, como
Federico Martelli (La Plata) y Santiago Cafiero (San Isidro).
Como tema más
novedoso, la actividad llevó a que compartieran el escenario vecinos de las multisectoriales
(e integrantes de organizaciones con un perfil más ong), con referentes
partidarios. Desde las 11 hasta las 18 en el teatro —a razón de tres minutos
por orador- hicieron uso de la palabra concejales, familiares de
electrodependientes, militantes de perfil progresista, curas, pastores
evangélicos, trabajadores del ENRE, asociaciones del consumidor.
Contó Valeria
González, de la localidad de San Pedro: “Tuvimos la necesidad de plantarnos en
la puerta de la empresa eléctrica y en la del municipio a expresar nuestro
descontento. El acceso a la luz, el agua y el gas tienen que ser reconocidos
como parte de los derechos más básicos, un derecho de ciudadanía. No hay
dimensión pública del problema que estamos viviendo, que hoy lleva a que haya gente
que tiene que compartir la heladera porque al vecino le cortaron la luz, y que
se esté volviendo a cocinar con garrafa”.
Lorena Riesgo,
concejal de La Plata, habló sobre “el enriquecimiento de las distribuidoras”.
Aseguró que sólo en 2017, en su ciudad, la empresa de electricidad “Edelap
recaudó 2.700 millones, cuatro veces más que su plan de inversión a cinco
años”.
Luciano
Fernández, de ATE Capital, apuntó que “se quitaron subsidios y se dolarizaron
las tarifas”, con el resultado de que “la incidencia del gasto en servicios en
nuestros salarios pasó del 6 al 21 por ciento”.
Santiago
Deschutter, de la Multisectorial de Luján, señaló que “hay que avanzar en una
condonación de deudas”. Como muchos otros, su planteo fue que la energía es un
derecho y no puede estar bajo el control de las empresas.
La idea de fondo
que se trabajó a lo largo de la Audiencia es que los recursos energéticos y los
servicios públicos pertenecen al Estado, aún cuando lo gestione un privado. En
este marco, el Estado debe garantizar que las tarifas sean justas, equitativas
y razonables.
Los intendentes
vienen de presentar en diciembre un pedido de amparo en un juzgado federal de
La Plata contra los aumentos de tarifas, que todavía no tuvo resolución. Uno de
sus argumentos fue tomado de un fallo de la Corte Suprema y dice que las
tarifas deben ser “proporcionales y accesibles”.
“Ninguno de los
aumentos de estos tres años consideró esa situación. Ningún ingreso salarial ni
ninguna rentabilidad de una PyME o un comercio creció lo que crecieron las
tarifas. Otro tema es dónde fue esa plata, porque no vemos que las empresas
hayan hecho inversiones ni que haya mejorado la calidad de los servicios. Hay
complicidad de las empresas que han utilizado la plata para ponerla en la
bicicleta financiera, y del gobierno que mira para el otro lado”, advirtió
Gabriel Katopodis, el jefe comunal de San Martín.
Desde la Red de
Multisectoriales, Andrea Manzi adelantó que la intención es llevar este esquema
de participación a tantos lugares como puedan. “Tenemos que comprometer a los
legisladores, que se den cuenta que es una realidad que golpea. Queremos que en
cada pueblo los referentes barriales, los partidos vecinales, los clubes de
barrio puedan juntarse y debatir qué pasa en sus lugares con las tarifas.
Debemos instalar el concepto de derecho humano vinculado a los servicios de
luz, agua y electricidad. Una cosa decirlo y otra trabajarlo: ahora nos toca
eso. Estamos en un año electoral y es importante hacer el esfuerzo, porque no
creo que todos hayan dimensionado lo que provoca el tarifazo”.
Las primeras
multisectoriales se crearon hace tres años, con los tarifazos del 2016. Aunque
en ellas es clara la participación de militantes que entraron a la política con
el kirchnerismo, son organizaciones que se piensan como una forma de
construcción que trasciende lo partidario. “Ese es el desafío de la unidad:
trascender el sello”, resumió Manzi.
El rechazo al nuevo tarifazo sacó a la calle a los movimientos sociales
y los sindicatos.
En el ENRE
El corte frente al ENRE —el organismo regulador del servicio eléctrico- y
la movilización al Congreso tuvieron por actores a la CTA Autónoma, junto a
gremios de la CGT y los movimientos populares del llamado triunvirato, la
Corriente Clasista y Combativa, la CTEP y Barrios de Pie: también en esta
marcha de unidad se expresó el año impar.
Detrás de la una bandera con la consigna Maldito Tarifazo estuvieron Hugo
Godoy (ATE Nacional) y Juan Carlos Schmid (de la Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte), que hablaron frente al ENRE. Después la
movilización fue al Congreso. Ahí fue presentado un proyecto de resolución a
diputados de la oposición por que se congelen las tarifas. Héctor “Gringo”
Castro, de CTEP, Fredy Mariño de la CCC y Norma Morales, de Barrios de Pie,
estuvieron a cargo del acto de cierre de la jornada.
El proyecto propone la suspensión inmediata de los tarifazos en los
servicios públicos de luz, gas, agua y transporte., revirtiendo los
anuncios ya realizados para retrotraer la situación a comienzos de 2018. Y
llama “a una amplia convocatoria para discutir nuevas bases de
funcionamiento del sistema energético nacional, que hoy se ha transformado
en una caja de ganancias irracionales de un conjunto de empresas
oligopólicas asociadas a un Estado cómplice y socio de tal despojo”.
El punto central de esa discusión se enlaza con los expresados en la
Audiencia del teatro Astros: considerar la energía como bien estratégico y como
derecho humano. El texto presentado remarca que la energía “es,
simultáneamente, un bien económico crítico como un bien social, del común, del
pueblo. Por ende, configura un bien de interés público”.
Propone, finalmente, recuperar de un criterio de planificación integrado y
centralizado del sistema energético. “Debemos desandar el camino nefasto de la
desregulación. Ese esquema ha destruido infraestructura, no ha hecho
inversiones y pone en peligro el acceso de la población en el altar de las
rentas de un conjunto de empresas fragmentadas que desde hace tres décadas
usufructúan de los bienes que el Estado nacional, en más de 70 años, ha
construido con los recursos de todos los argentinos”
Fuente: Diario Página 12, El País, Maldito tarifazo, Laura Vales, 27
de febrero de 2019.
