INFORMACIÓN
COMUNITARIA
Municipio de La Matanza
¡CUIDEMOS LA
LIMPIEZA DE NUESTROS BARRIOS!
Está prohibido
arrojar basura voluminosa en la vía pública.
Por ejemplo:
-Colchones y muebles viejos.
-Electrodomésticos y chatarra.
-Neumáticos.
-Escombros y resto de obra.
-Restos de poda de gran
tamaño.
Si ves a alguien
arrojando residuos donde no corresponde, denúncialo en:
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Cuida tu ciudad.
Tu ciudad es tu casa.
SEDE
El viernes 20 de febrero, en la Biblioteca Popular
Rotaria, hemos recibido nuevos libros, los cuales se han sumado, a la mesa de
sugerencias de la semana.
HISTORIA &
EFEMÉRIDE
Gas del Estado y el Gran Gasoducto
LA ARGENTINA INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL
GASODUCTO MÁS EXTENSO DEL MUNDO
El 21 de febrero de 1947 comenzó
la construcción del gasoducto que uniría Comodoro Rivadavia con Buenos Aires,
una obra de casi 1.700 kilómetros que, al momento de su inauguración en 1949,
se convertiría en el gasoducto más largo del mundo y el más importante
realizado hasta entonces en su tipo. No fue simplemente una infraestructura
técnica: fue la expresión material de un país que buscaba afirmarse en el
dominio de sus propios recursos estratégicos.
Bajo la dirección del ingeniero
Julio Vicente Canessa, titular de Gas del Estado, la obra avanzó en un contexto
internacional complejo, con restricciones comerciales y limitaciones
tecnológicas. La magnitud del desafío obligó a soluciones creativas: ante la
falta de instrumental sofisticado para detectar fugas, se entrenó a perros
alimentándolos con carne impregnada con pequeñas dosis de mercaptán —la
sustancia que da olor al gas— para que pudieran rastrear pérdidas a lo largo
del tendido. Ese episodio, casi artesanal, refleja mejor que cualquier discurso
el espíritu de la empresa: decisión, ingenio y confianza en la capacidad
técnica nacional.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA
ENERGÉTICA DE SOBERANÍA NACIONAL
La cuestión energética había
comenzado a ocupar un lugar central desde el descubrimiento de petróleo en
Comodoro Rivadavia en 1907. A partir de entonces, el subsuelo dejó de ser una
incógnita geológica para convertirse en un recurso estratégico. La creación de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922, durante la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, marcó un punto de inflexión: por primera vez el Estado asumía de
manera integral la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos.
La gestión de Enrique Mosconi
consolidó la idea de que el control de la energía no era una cuestión meramente
económica, sino un requisito para la independencia real. Su planteo fue claro:
un país que depende de combustibles externos compromete su desarrollo y su
autonomía.
Los vaivenes políticos de la
década del treinta afectaron esa planificación, pero la idea de que la energía
debía ser pensada como política de Estado no desapareció. A partir de 1943 se
retomó una concepción integral del desarrollo, donde la infraestructura
energética era considerada parte de la defensa nacional y del crecimiento
industrial. En ese marco, la planificación impulsada desde el Consejo Nacional
de Posguerra, bajo la conducción de Juan Domingo Perón y con asesoramiento
técnico de José Figuerola, buscó articular producción, industria e
infraestructura en un mismo proyecto.
El problema era concreto: el
consumo energético crecía aceleradamente y el país desperdiciaba gas natural en
los yacimientos mientras importaba combustibles más caros. La nacionalización
de la Compañía Primitiva de Gas y la creación de Gas del Estado en 1946
permitieron reorganizar el sector bajo criterios públicos y estratégicos.
Canessa comprendió que el gas no
debía ser considerado un subproducto secundario del petróleo, sino una fuente
de energía capaz de transformar la matriz productiva. Su propuesta de unir
Comodoro Rivadavia con Buenos Aires mediante un gasoducto de escala continental
parecía, para muchos, desmesurada. Sin embargo, la decisión política de
ejecutarlo convirtió esa visión en realidad.
La construcción del gasoducto no
solo implicó tender caños a lo largo de más de mil seiscientos kilómetros;
significó integrar regiones, reducir la dependencia de combustibles importados
y abaratar costos para hogares e industrias. Cuando fue inaugurado el 29 de
diciembre de 1949, la Argentina no solo había terminado el gasoducto más
extenso del planeta hasta ese momento, sino que había demostrado que podía
concebir, financiar y ejecutar una obra de envergadura mundial con recursos
propios.
Los efectos fueron inmediatos:
el número de usuarios creció rápidamente, la producción de gas natural se
multiplicó y se sustituyeron importaciones costosas. Más allá de las cifras, la
obra consolidó una idea de país: la energía como servicio público, como
herramienta de integración territorial y como base material del desarrollo.
Julio V. Canessa quedó asociado
a ese proceso no como figura aislada, sino como representante de una generación
de ingenieros y técnicos que entendieron su tarea como parte de un proyecto
nacional. El gasoducto fue, en definitiva, una expresión concreta de soberanía.
No desde la confrontación partidaria, sino desde la convicción de que un país
que controla su energía fortalece su independencia económica y amplía sus
posibilidades de crecimiento.
Aquella obra iniciada el 21 de
febrero de 1947 no fue solo una infraestructura: fue una señal de época.
Demostró que la Argentina podía pensar en grande, actuar en grande y concluir
en grande. Y que la soberanía, cuando se traduce en obras concretas, deja de
ser una consigna para convertirse en realidad tangible.
Fuente consultada
https://www.facebook.com/revisionismohistoricoargentino
INTERINSTITUCIONAL
El viernes 20 de febrero, a través de la plataforma
digital Meet, se reunió la comisión directiva de la Federación
de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires (FBPPBA),
presidida por su presidenta Teresa Villalba.
Durante la reunión se trataron varios temas generales
de las bibliotecas populares, y pedido de audiencia a la Conabip.
Además, se realizará la asamblea de la federación el
11 de abril, con la convocatoria y publicación de la misma.
De nuestra institución participó en la reunión de la
federación, nuestro presidente Alberto Zaia, que es primer vocal titular de la
federación.
ACTUALIDAD
Nota Periodística
La CGT anticipó que irá a la Justicia porque la ley es
anticonstitucional
Si sale la Reforma Laboral, la pelea sigue en los
tribunales
Las y los especialistas consultados por Página/12 coinciden en que viola
la Constitución, tratados internacionales y convenios de la OIT. Alertaron
sobre una ola de presentaciones de gremios y de trabajadores.
La lucha contra la reforma
laboral seguirá en la calle y en los tribunales. (Alejandra Morasano)
El gobierno de Javier Milei está apurado
para sancionar la Reforma Laboral la semana próxima, pero la CGT ya anticipó
que irá a los tribunales para frenarla porque es inconstitucional dado que
viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de no
regresividad de los derechos sociales. “La vamos a judicializar”, anticipó el triunviro de la CGT
Jorge Sola. Las y los abogados especialistas coinciden en el planteo
y dicen que “no pasa el tamiz
constitucional”. “Golpearon todo el esqueleto”, sostienen y
anticipan una conflictividad en ascenso.
En
caso de sancionarse, la ley no solo generará la judicialización a través de las centrales obreras sino también de
los gremios –que se vieron afectados directamente con la
modificación de sus estatutos– o también por trabajadores individuales cuando, por
ejemplo, ante un despido se deba definir qué norma lo rige. No solo eso,
también habrá conflictos a la hora de establecer qué tribunales fallarán sobre
la constitucionalidad dado que el proyecto propone pasar la justicia nacional
laboral a la Ciudad de Buenos Aires. “Va a terminar en la Corte Suprema”, anticipó la abogada y docente
universitaria Natalia Salvo.
La llamada modernización libertaria
viola la Carta Magna y leyes específicas del mundo del trabajo, pero también
tratados internacionales con rango
constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a
los que Argentina suscribió.
Para
el presidente de la Asociación
Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte,
“toda la ley es inconstitucional” porque contradice el principio de
progresividad que rige en materia de derechos sociales y está establecido en el pacto de San José de Costa
Rica, que tiene rango constitucional en nuestro país. “Indica
que los Estados solo pueden legislar en materia de derechos sociales de manera
progresiva. O lo que es lo mismo: el principio de irregresividad, que indica
que no se puede retroceder. No está obligado a proteger más de lo que protege a
los trabajadores, pero una vez que hay un marco de protección ya no puede
retroceder. Solo con ese criterio no debiera superar un test de
constitucional”, le explicó a Página/12.
Todos
las y los especialistas consultados por este diario coinciden en que la reforma
libertaria puede ser cuestionada de manera integral porque no hay artículo que
no perfore derechos, altere políticas y normas de protección laboral y social.
Para el abogado y asesor sindical
Juan Manuel Ottaviano, “esta norma es integralmente regresiva y eso
la haría en su totalidad inconstitucional”. “Afecta el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, sobre todo en derechos fundamentales como el derecho a
la huelga, a la protección contra el despido arbitrario, a la negociación
colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social,
la indemnización del salario. Una cantidad de derechos enormes”, agregó
Ottaviano.
Para
Natalia Salvo uno de los primero puntos judiciables será determinar qué
relaciones aplica la ley. “No es de aplicación retroactiva y ahí surge el
primer problema. Si yo estoy trabajando actualmente, ¿La reforma laboral se me
aplica o no se me aplica?. En el artículo 7 del Código Civil y Comercial dice
que no porque las leyes no son retroactivas porque afecta el principio de
inviolabilidad de la propiedad privada y tus derechos son de tu propiedad. Sin
embargo, están quienes dicen que, si bien no es retroactiva, es de aplicación
inmediata. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, si en
tres meses te despiden?. Te van a querer pagar con el Fondo de
Asistencia Laboral porque eso era un derecho en expectativa”.
Justamente
el FAL fue uno de los puntos más debatidos el jueves en la Cámara de Diputados.
Para la oposición se trata de una maniobra de Milei y su ministro de Economía,
Luis “Toto” Caputo, que se usará para fondear al Estado a costa del
desfinanciamiento del sistema de jubilaciones. Es un fondo creado para el
negocio financiero del ministro Caputo”, denunció Miguel Ángel Pichetto.
Cremonte
considera que el FAL también puede ser
declarado inconstitucional “porque uno de los sentidos que
tiene la existencia de la indemnización por despido es que tenga efecto
disuasivo, para que a un empleador no le sea tan fácil despedir a alguien sin
causa. La protección contra el despido arbitrario que establece el artículo 14
bis no es sólo para proteger al trabajador sino también es parte del deber del
Estado de preservar la fuente de trabajo. Debe garantizar empleo, entonces, en
la medida que el FAL hace que la indemnización pierda ese efecto, podría
declararse inconstitucional”.
Natalia
Salvo comparó este proyecto con las leyes de la dictadura y dijo que retrotrae
los derechos laborales medio siglo atrás. “Creo que la Ley 21.297, que es de
1976 y que vino a ser una gran reforma con
la dictadura es algo muy similar. Incluso se parece a la ley de
Pymes, de 1995, y las que se crearon en la década del 90, que fue incluso la
que creó los riesgos de trabajo y las aseguradoras o el periodo de prueba. Así
como dijo la senadora Bullrich que es una ley que quieren sancionar desde el
inicio de la democracia, sin duda porque consolida ese modelo de relaciones
laborales de desprotección”, dijo.
Los
derechos colectivos en riesgo
Otro de los puntos clave tiene que ver
con el derecho huelga, el
proyecto establece porcentajes de prestación obligatoria de servicios mínimos en
actividades esenciales (75%) y en actividades de importancia
trascendental (50%), que van en contra de la constitución y de los estándares
internacionales que establecen en qué circunstancias, muy restrictivas, se
puede limitar el derecho a huelga. “Son parámetros establecidos por la OIT y no
se cumplen en el listado de actividades que serían declaradas servicio esencial
en la reforma laboral”, explicó Ottaviano.
Siguiendo
con los derechos colectivos,
también puede llevarse a la justicia la afectación a la libertad sindical, que
además está incluida en el convenio 87 de la OIT, uno de los 8 convenciones
fundamentales de los 190 que tiene la organización.
Las
y los especialistas coinciden en que generará reclamos por sector al afectar
varios convenios, como el de los trabajadores marítimos o de periodistas. Algo
que se puede traducir en una ola de cuestionamientos judiciales de sindicatos y de los propios
trabajadores, que van a tener conflictos a medida que haya demandas
por despidos, cálculos indemnizatorios nuevos
“Hay
exclusiones específicas de colectivos de trabajadores de la Ley de Contrato de
Trabajo y exclusiones a los trabajadores de las plataformas, algo que no tiene
antecedentes en el mundo. No hay ningún país que explícitamente diga que los
trabajadores de plataformas son independientes y que no pueden gozar derechos
laborales”, dijo Ottaviano.
Los
derechos individuales
En cuanto a los derechos individuales,
tanto en la ampliación de la jornada de trabajo como en la sustitución del pago
de extras por el banco de horas, entre tantos otros, afectan la protección
porque se deja librado al “mutuo acuerdo”. Estos arreglos van en contra del
principio del artículo 14 Bis que dice que el trabajo tiene que ser protegido
por las leyes. Se parte de la base de que hay que equilibrar una relación
jurídica, que es desigual, en favor del trabajador, algo que esta norma no solo
no tiene en cuenta sino que equilibra la balanza en favor de los empleadores.
“Se entiende que hay una relación muy desigual entre
el empresario y el trabajador, entonces una de las funciones de la ley es
sustituir la voluntad individual del trabajador –prohibir que el
trabajador o la trabajadora renuncien a determinado derecho– porque se entiende
que no es libre, que su voluntad está viciada o condicionada por la necesidad
de tener un trabajo y un salario”, explicó Cremonte y dijo que el hecho de que
individualmente se pueda renunciar a una jornada preestablecida, por ejemplo,
puede ser inconstitucional en cuanto a que viola el principio de
renunciabilidad y el sentido protectorio de la legislación laboral.
Otro de los focos de conflicto será el traspaso de la justicia nacional
del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, la disolución de un
conjunto de tribunales que tienen que resolver sobre la constitucionalidad de
la reforma laboral libertaria. “Va a terminar en la Corte Suprema”, anticipó
Natalia Salvo, “además de modificarse la ley procesal”. “¿Quién va a resolver
la inconstitucionalidad?, “¿Los tribunales que están tratando de sacar?. Hasta
ese nivel de incertidumbre llega este proyecto”, agregó.
A diferencia de lo que pasó con el DNU
70/2023, que se frenó en la Justicia porque modificaba normas laborales a
través de un DNU, en este caso es una ley que será sancionada por el Congreso
Nacional por lo que no estaría en cuestión su proceso de creación. “En ese
momento, lo que se cuestionó era la forma porque no puede el presidente
promover una reforma laboral por un Decreto de Necesidad y Urgencia”, explicó
Cremonte.
Ahora, la situación será distinta. El
abogado advierte sobre la dificultad de que un tribunal declare
inconstitucionalidad de la ley completa por cuestiones procesales “No es un
tema de que no sea inconstitucional, sino si la CGT o alguna central obrera tiene
la legitimación para que se declare inconstitucionalidad de normas que van a
afectar individualmente a los trabajadores cuando se apliquen sino ‘no hay un
caso´ en el que se basen los tribunales”.
Celeste del Bianco
Fuente consultada
Diario Página 12, sábado 21 de febrero de 2026.
REFLEXIÓN
“Todo lo que nos rodea es falso e irreal,
falsa la historia que nos enseñaron,
falsas las creencias económicas que nos impusieron,
falsas las perspectivas mundiales que nos presentan,
falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen,
irreales las libertades
que los textos aseguran.”
Raúl Scalabrini Ortíz*
*Pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, agrimensor e ingeniero de profesión. (1898-1959)
Fuente consultada
Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata, 1940.
HISTORIA & EFEMÉRIDE
BATALLA DE ITUZAINGÓ
LA VICTORIA QUE NO QUISIERON
CONSAGRAR
El nombre de Ituzaingó no es
solamente el de una batalla. Es también el de una marcha cuya partitura fue
hallada en el cuartel general del ejército imperial tras la derrota brasileña
del 20 de febrero de 1827. Pensada para celebrar el desfile triunfal de Pedro I
en Buenos Aires, terminó convertida en símbolo de la victoria
argentino-oriental y, con el tiempo, en marcha presidencial. Ironías de la
historia: lo que debía glorificar al Imperio pasó a honrar a quienes lo
derrotaron.
El llamado Ejército Republicano,
compuesto por tropas y oficiales argentinos y orientales, estaba al mando de
Carlos María de Alvear. Entre sus jefes figuraban José María Paz, Juan Lavalle,
Ángel Pacheco y Federico de Brandsen. La oficialidad era de primer nivel. La
tropa, curtida. El enemigo, superior en número. El resultado fue una victoria
patriota en campo abierto, en territorio brasileño.
Sin embargo, alrededor de la
figura de Alvear siempre hubo controversias. No sólo por su desempeño táctico
—duramente cuestionado por varios de sus propios oficiales— sino por sus
antecedentes políticos. Fue Director Supremo en 1815 y su breve paso por el
poder dejó huellas: centralismo, enfrentamiento con las provincias y aquella
célebre carta ofreciendo el país como protectorado británico. Su canciller
entonces era Manuel José García, el mismo que reaparecería en 1827 como
negociador de la paz con el Brasil.
ITUZAINGÓ: TRIUNFO MILITAR,
DIRECCIÓN DISCUTIDA
La batalla, conocida en Brasil
como Paso del Rosario, fue sangrienta y extensa. Doce horas de combate. Cargas
de caballería, fuego de artillería, infantería resistiendo posiciones clave.
Los imperiales se retiraron dejando parque y trofeos. Pero no fueron
perseguidos a fondo.
Ahí está el punto que el
revisionismo subraya. Paz escribió que la victoria fue fruto de las
“inspiraciones individuales del momento” más que de una conducción estratégica
brillante. Oficiales como Lavalle, Brandsen y otros dejaron testimonios
críticos.
Cecilia González Espul recoge la
coincidencia de Fregeiro, Quesada y Beverina en señalar como error grave la
falta de persecución decisiva que hubiera destruido al enemigo.
¿Fue ineptitud o decisión
deliberada? La pregunta no es caprichosa. Porque si la derrota imperial hubiera
sido total, el camino hacia una solución favorable a las Provincias Unidas
quedaba abierto.
RIVADAVIA, LA PAZ Y EL INTERÉS
BRITÁNICO
Mientras los soldados peleaban,
en Buenos Aires gobernaba Bernardino Rivadavia, elegido en medio de la guerra
por maniobra unitaria. La causa oriental era popular en las provincias: la
reincorporación votada por el Congreso de la Florida tras la gesta de los
Treinta y Tres Orientales encabezados por Juan Antonio Lavalleja había sido
aceptada por el Congreso Nacional, provocando la declaración formal de guerra
del Brasil.
Pero Rivadavia y su círculo
veían el conflicto desde otra óptica: puerto, comercio, vínculos con
Inglaterra, rechazo a la presión de los gobernadores federales. En ese contexto
designó nuevamente a Manuel José García para negociar la paz bajo mediación británica,
representada por John Ponsonby.
Ponsonby no ocultaba su
coincidencia con García. Inglaterra necesitaba que la desembocadura del Plata
no quedara en manos de un solo Estado fuerte. Ni un Brasil extendido hasta el
estuario ni una Argentina que reincorporara la Banda Oriental. La solución era
la creación de un Estado independiente que funcionara como tapón comercial y
geopolítico.
Para que ese diseño prosperara,
ninguna de las partes debía obtener una victoria aplastante.
DE JUNCAL A LA CONVENCIÓN
PRELIMINAR
Poco antes de Ituzaingó,
Guillermo Brown había destrozado a la escuadra brasileña en Juncal. Luego vino
la victoria terrestre en territorio imperial. El escenario militar era
favorable.
Sin embargo, tras la batalla se
ordenó el repliegue. El ejército quedó estacionado, agotado y sin recursos
suficientes. En mayo de 1827, García firmó un tratado preliminar que reconocía
la Banda Oriental como parte del Brasil y aceptaba indemnizaciones. El
escándalo fue mayúsculo. Rivadavia rechazó el acuerdo y renunció, pero el daño
político ya estaba hecho.
Finalmente, en 1828, la
Convención Preliminar de Paz consagró la independencia del Estado Oriental del
Uruguay. Se evitó la anexión brasileña, pero también se frustró la
reincorporación a las Provincias Unidas. Inglaterra obtuvo lo que buscaba:
equilibrio fragmentado en la cuenca del Plata.
LA BALCANIZACIÓN DEL RÍO DE LA
PLATA
Con la independencia oriental se
consolidó la fragmentación del antiguo Virreinato. Bolivia ya se había
separado; Paraguay permanecía aislado. La unidad territorial quedó
definitivamente quebrada.
Desde una mirada revisionista
clásica, Ituzaingó demuestra dos cosas. Primero, que los pueblos rioplatenses
podían derrotar a un Imperio en su propio territorio. Segundo, que las
victorias militares pueden diluirse cuando la conducción política no comparte
el mismo objetivo estratégico que los soldados que combaten.
Ituzaingó fue grande en el campo
de batalla. Pero su fruto fue administrado en despachos donde pesaron más los
equilibrios diplomáticos que la sangre derramada. Esa es la verdadera tragedia
de aquella jornada gloriosa del 20 de febrero de 1827.
Fuente consultada
INSTITUCIONAL
Biblioteca
Popular Rotaria
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El jueves 19 de febrero, desde las 9 horas, hasta las
10:30 horas se llevó a cabo, la sexta clase del Taller de Memoria para adultos
mayores, a cargo de la profesora Silvana M. Zarate, en nuestra sede de la
Biblioteca Popular Rotaria, la cual se desarrolló en el salón de usos múltiples.
Las próximas clases se realizarán todos los jueves de
febrero y marzo, en el mismo horario de 9 a 10:30 horas.
Algunas imágenes.
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Más información
Taller de
Memoria
(para adultos mayores)
Estimular la memoria, la atención y la
concentración, prevenir el deterioro cognitivo, mejorar la autoestima y
fomentar la socialización.
Próxima clase: el jueves
26 de febrero (9 a 10:30 Hs.)
Lugar: Sarrachaga 6198 esquina Madrid – Isidro Casanova
PSICOLOGÍA &
REFLEXIÓN
“Las sociedades enfermas
producen líderes enfermos.
Estos líderes se fortalecen en
las masas ignorantes.”
Erich Fromm
INSTITUCIONAL
INVITACIÓN
Presentación del Libro: Grandes DesCuentos / Autor: Emilio Martín
Día: Sábado 28 de Marzo – 17 Horas
Lugar: Biblioteca Popular Rotaria
Sarrachaga 6198 esquina Madrid – Isidro Casanova – La Matanza
Entrada libre y Gratuita
CAPACITACIÓN
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profesional y laboral para nuestra comunidad!
Abrimos inscripciones a todos
los talleres formativos.
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HISTORIA
LAS MALVINAS Y LA POLÍTICA
EXTERIOR DE LA CONFEDERACIÓN
Mientras la causa federal se
afirmaba en el interior, el gobierno de Buenos Aires ejercía sin discusión
actos concretos y efectivos de soberanía en sus posesiones australes.
Ya en 1820 el coronel Jorge
Jewitt, designado gobernador de las Islas Malvinas, notificó formalmente a los
buques extranjeros la prohibición de la pesca de anfibios en esas costas.
No se trató de una declaración
retórica sino de un acto de autoridad ejercido ante terceros.
En 1824 se concedió a Luis Vernet la Isla Soledad para establecer una colonia permanente, consolidando derechos previamente ejercidos por las Provincias Unidas como sucesoras de España. Vernet pobló, organizó y defendió el establecimiento con capital propio; introdujo ganado, levantó instalaciones, reglamentó la explotación de recursos y sostuvo la colonia allí donde franceses e ingleses habían fracasado.
En 1829 fue nombrado comandante
político y militar de las islas y de las costas adyacentes hasta el Cabo de
Hornos, con autoridad efectiva, reglamentos, fuerza armada y artillería.
Existía población, gobierno y jurisdicción. Los años 1829–1831 fueron precisamente
los de mayor actividad en el archipiélago, con Puerto Soledad en pleno
desarrollo, lo que desmiente cualquier insinuación de abandono o desinterés.
EL CONFLICTO CON LOS ESTADOS
UNIDOS Y EL ATROPELLO DE LA LEXINGTON
Cuando buques norteamericanos
persistieron en la pesca ilegal pese a reiteradas intimaciones, Vernet procedió
conforme al derecho vigente y apresó las goletas Harriet, Superior y
Breakwater. Los capitanes reconocieron la infracción y aceptaron someterse al
juicio de Buenos Aires.
Sin embargo, el cónsul
estadounidense Slacum desconoció la jurisdicción argentina y promovió una
reacción armada. En diciembre de 1831 la corbeta de guerra Lexington irrumpió
en Puerto Soledad, inutilizó la artillería, destruyó instalaciones, saqueó bienes
particulares y se llevó prisioneros, actuando como fuerza de represalia contra
una población civil indefensa.
El gobierno de Buenos Aires
reclamó satisfacción e indemnización conforme al derecho de gentes, instruyendo
al cuerpo legislativo sobre el origen y estado de la cuestión con los Estados
Unidos mediante la publicación oficial de documentos en 1832. El encargado de
negocios Baylies, lejos de reparar el daño, solicitó sus pasaportes y abandonó
el país, dejando la cuestión abierta y debilitada la defensa material del
archipiélago.
LA REAPARICIÓN DE LA PRETENSIÓN
BRITÁNICA Y LA USURPACIÓN DE 1833
Mientras los Estados Unidos se
retiraban del escenario, la Gran Bretaña reapareció invocando una supuesta
soberanía sobre las islas. El ministro Woodbine Parish ya había presentado en
1829 una protesta basada en el descubrimiento y la ocupación inglesa del siglo
XVIII. Esa nota no fue contestada formalmente en medio de las graves
convulsiones internas que atravesaba el país; pero el silencio diplomático
jamás significó asentimiento, menos aún, cuando los actos de dominio argentino
eran públicos y notorios.
Si Inglaterra aspiraba
sinceramente a una respuesta, pudo reiterar su comunicación; nunca derivar de
esa circunstancia un pretendido derecho a la acción armada.
El 2 de enero de 1833 la corbeta
británica Clio exigió la rendición de las autoridades establecidas en Puerto
Luis y las desalojó por la fuerza. No medió tratado, cesión ni declaración de
guerra.
Fue un acto unilateral de
ocupación armada contra un establecimiento organizado de un país con el cual
mantenía relaciones amistosas. La explicación posterior de algunos autores
británicos —según la cual la Clio fue enviada simplemente porque no se había
respondido la protesta de Parish— desconoce los usos diplomáticos más
elementales y la diferencia entre tomar posesión de un territorio desierto y
expulsar autoridades legítimas.
EL INTERCAMBIO DIPLOMÁTICO CON
PALMERSTON
La protesta argentina fue
inmediata. Se declaró formalmente que, siendo las Provincias Unidas sucesoras
de España en todos sus derechos, la Gran Bretaña no podía adquirir título
alguno nuevo sobre las islas. Se protestó contra “la soberanía asumida últimamente
en las islas Malvinas por la corona de la Gran Bretaña y contra el despojo y
eyección del establecimiento de la República en Puerto Luis”, exigiendo las
reparaciones correspondientes.
La respuesta inglesa, presentada
tras más de seis meses de demora, reiteró los argumentos ya esgrimidos:
descubrimiento original, ocupación inglesa y restitución del establecimiento en
1771.
Añadía que el retiro de 1774 no
invalidaba sus derechos y que, al no haber sido contestada la protesta de 1829,
el gobierno argentino no debía sorprenderse por lo ocurrido. Lord Palmerston
negó además la existencia de cualquier promesa secreta y sostuvo que Inglaterra
no podía reconocer a la Argentina derechos derivados de España que ella había
negado a esta última.
Tales argumentos no resisten
examen. La falta de contestación formal no podía crear un derecho inexistente.
Los actos de soberanía ejercidos por la República entre 1829 y 1831 eran el más
claro desmentido a cualquier pretensión contraria.
Por otra parte, Inglaterra había
reconocido en distintos momentos la soberanía española en el Atlántico sur,
comprometiéndose a no navegar ni comerciar en los mares del Sud en tratados
anteriores y aceptando la restitución de 1771 con reserva expresa de derechos
por parte de España.
Desde 1774, año en que evacuó
Puerto Egmont, guardó un prolongado silencio mientras España ejercía posesión
exclusiva.
Manuel Moreno replicó el 29 de
diciembre de 1834 con un alegato orgánico y documentado en defensa de los
derechos argentinos. Publicó además en Londres un folleto destinado a ilustrar
a la opinión pública sobre el carácter violento de la ocupación.
Las ulteriores reclamaciones
argentinas fueron respondidas con negativas categóricas a discutir en forma
leal los títulos respectivos. La cuestión quedó abierta, pero la posición
argentina no varió.
LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y
JURÍDICOS
La soberanía española sobre las
islas derivaba de la concesión pontificia y de la ocupación efectiva de los
territorios del Atlántico meridional, reconocida en distintos instrumentos
internacionales.
Desde 1764 —como sucesora de
Francia— hasta 1811 España ejerció posesión efectiva de Puerto Soledad, y desde
1774 lo hizo en forma exclusiva sobre todo el archipiélago. Inglaterra evacuó
Puerto Egmont en 1774 y en 1790 se comprometió nuevamente a no establecerse en
las costas orientales u occidentales de la América meridional ni en las islas
adyacentes.
Las Malvinas fueron incorporadas
al gobierno y territorio dependiente de Buenos Aires por decisión española y
esa situación no sufrió alteración hasta la Revolución. La República Argentina
sucedió jurídicamente a España en todos sus derechos y obligaciones.
Entre 1820 y el 2 de enero de
1833 ejerció ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago, hasta que sus
autoridades fueron desalojadas por la fuerza. Más tarde, en el tratado de
reconocimiento, paz y amistad con España de 1863, la antigua metrópoli renunció
a toda soberanía, derechos y acciones que le correspondieran sobre los
territorios que integraban la Nación Argentina.
Por su parte, Inglaterra no
puede invocar ni primer ocupante, ni cesión válida, ni derecho derivado de
tratado alguno con España o con la Argentina. Sólo tiene a su favor la
ocupación precaria del siglo XVIII y el despojo violento de 1833.
LA CUESTIÓN MALVINAS DURANTE EL
SEGUNDO GOBIERNO DE ROSAS
Rosas llega por segunda vez al
gobierno en 1835, cuando las Islas Malvinas ya habían sido tomadas por
Inglaterra. Desde 1838 el bloqueo francés y luego la intervención
anglo-francesa agravaron la situación económica y financiera del país. Los
acreedores ingleses, Baring Brothers y Cía., presionaban por el cobro del
empréstito de 1824, cuya garantía comprometía el territorio nacional. Según
Saldías, se insinuó la entrega de las Malvinas como forma de pago.
Rosas respondió mediante su
ministro Insiarte en 1843 proponiendo que, si el gobierno británico reconocía
previamente los derechos argentinos sobre las islas, podría considerarse su
cesión como parte de la solución de la deuda. La condición implicaba el reconocimiento
expreso de la soberanía argentina, algo que Londres no podía admitir sin
contradecir su propio acto de 1833. La propuesta ganó tiempo y neutralizó
presiones, pero no fue aceptada. La cuestión territorial jamás fue cedida en
derecho.
Mientras tanto, continuaron las
agresiones navales y el bloqueo del Río de la Plata. En ningún momento el
gobierno argentino reconoció la legitimidad de la ocupación británica. La
integridad territorial fue sostenida como principio constante, aun en medio del
aislamiento y la guerra.
CONCLUSIÓN
La cuestión Malvinas se apoya en
una cadena histórica coherente: soberanía española reconocida, posesión
efectiva y exclusiva, sucesión jurídica argentina, ejercicio concreto de
autoridad hasta 1833, protesta inmediata contra el despojo y mantenimiento invariable
del reclamo.
La ocupación británica carece de
título originario válido y se funda en la imposición de la fuerza. Los
documentos diplomáticos, los antecedentes históricos y la continuidad jurídica
configuran un derecho que no nace de una reivindicación tardía, sino de la
sucesión legítima y la posesión efectiva interrumpida por un acto de violencia.
Fuente consultada