HISTORIA & EFEMÉRIDE
Artículo no apto para menores de 16 años.
“CON ASESINOS NO NOS ACOSTAMOS”
El 17 de febrero de 1922, en
Puerto San Julián, cinco mujeres del prostíbulo La Catalana se negaron a
recibir a soldados del Ejército Argentino que venían de participar en los
fusilamientos masivos de peones rurales en el territorio santacruceño.
Los uniformados pertenecían al
10° de Caballería y actuaban bajo el mando del teniente coronel Héctor Benigno
Varela.
Las mujeres Consuelo García,
Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster los
enfrentaron y los echaron al grito de: “¡Con asesinos no nos acostamos!”. No
fue una frase suelta ni una exageración: para febrero de 1922 la región ya sabía
que centenares de peones habían sido fusilados sin juicio.
Aquella fue la única protesta
pública registrada en medio del silencio impuesto por el terror. Fueron
detenidas, hostigadas y luego liberadas. El gesto quedó como una marca moral
frente a la masacre.
LA ANITA Y EL INICIO DEL
EXTERMINIO
El punto de quiebre se había
producido el 7 de diciembre de 1921 en la Estancia La Anita, cerca de El
Calafate. Allí se concentraban cientos de huelguistas rurales organizados en
torno a la Federación Obrera Regional Argentina y la Sociedad Obrera de Río
Gallegos.
Los peones reclamaban pago en
moneda y no en vales, reducción de jornadas extenuantes, mejores condiciones de
vivienda y respeto básico en las estancias ovinas.
Tras negociaciones tensas,
muchos trabajadores depusieron las armas con la expectativa de que se respetara
su vida. La promesa no se cumplió. En los días siguientes comenzaron los
fusilamientos sistemáticos.
Las ejecuciones continuaron en
distintos puntos del territorio, incluyendo zonas cercanas a Jaramillo, Río
Gallegos y otras estancias como Bella Vista. Las estimaciones históricas hablan
de entre 300 y 1.500 trabajadores fusilados.
Muchos fueron enterrados en
fosas comunes. No hubo juicios formales ni registros exhaustivos. Santa Cruz
era entonces Territorio Nacional, dependiente directamente del gobierno
central, lo que facilitó la intervención militar sin contrapesos institucionales
locales.
EL FUSILAMIENTO DE FACÓN GRANDE
El 10 de noviembre de 1921, en
Jaramillo, fue fusilado el dirigente obrero José Font, conocido como “Facón
Grande”. Su ejecución marcó un mensaje claro: la represión no apuntaba sólo a
disolver la huelga sino a eliminar su conducción.
Para entonces el presidente
Hipólito Yrigoyen había ordenado el envío de tropas para “restablecer el orden”
en la región. La segunda campaña militar, a fines de 1921, fue abiertamente
represiva y culminó con el aniquilamiento del movimiento huelguístico.
Si bien no existe documento
público que contenga una orden escrita de fusilamientos firmada por el
presidente, la responsabilidad política del gobierno nacional resulta
ineludible: el Poder Ejecutivo dispuso la intervención militar, sostuvo la
campaña y no impulsó investigación ni sanción posterior frente a las
ejecuciones sin juicio.
Como comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, el presidente era la máxima autoridad política sobre la
operación desarrollada en territorio santacruceño.
Durante el conflicto también se
registraron episodios de violencia en el marco de la huelga —tomas de
estancias, enfrentamientos armados y muertes—, pero la represión posterior fue
sistemática y desproporcionada, alcanzando incluso a trabajadores que ya se
habían rendido. Allí radica el núcleo de la controversia histórica.
LA CADENA DE VIOLENCIA
El 27 de enero de 1923, en
Buenos Aires, el anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens asesinó a Varela en
represalia por las ejecuciones en Santa Cruz. Meses más tarde, el 15 de junio
de 1923, Wilckens fue asesinado en la Penitenciaría Nacional por Jorge Pérez
Millán, vinculado a la Liga Patriótica Argentina.
A su vez, en 1925, Pérez Millán
fue muerto en el Hospicio de las Mercedes por el interno anarquista Boris
Wladimirovich, quien según testimonios de la época le habría dicho antes de
disparar: “Esto te lo manda Wilckens”.
La espiral de represalias mostró
que la herida seguía abierta y que la violencia generada en la Patagonia no
había concluido con los fusilamientos.
En el Cementerio de la
Chacarita, donde fueron sepultados los restos de Varela, circuló durante años
la referencia a una placa de homenaje que agradecía los “servicios prestados”.
Esa mención generó polémica y versiones sobre su posterior desaparición.
Más allá de las controversias en
torno a su redacción exacta, el dato ilustra el clima político y social de la
época, en el que sectores nacionalistas reivindicaban la represión mientras
amplios sectores obreros la denunciaban como masacre.
LA HERIDA ABIERTA
Los hechos serían conocidos como
la Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica. Durante décadas quedaron relegados al
silencio oficial, hasta que investigaciones históricas los devolvieron al
debate público.
La discusión sobre el papel del
gobierno radical, del presidente Yrigoyen y de los mandos militares forma parte
de ese debate pendiente en la memoria argentina.
Por eso el 17 de febrero no es
una anécdota marginal. Es la fecha en que, en medio del miedo y la sangre
todavía fresca en la memoria colectiva de Santa Cruz, cinco mujeres comunes
dijeron en voz alta lo que muchos callaban.
Su gesto no detuvo la represión
ni reparó la injusticia, pero dejó constancia de que incluso en el momento más
oscuro hubo quien señaló a los responsables y se negó a legitimarlos con el
silencio.
Fuente consultada
Revisionismo Histórico Argentino
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