ECONOMÍA
El desembarco del Estado como
jugador activo en un sector económico clave del desarrollo productivo
El modelo Kulfas, YPF Agro y Vicentin
Los objetivos de empresa testigo y de planificación
estratégica de los mercados de cereales y cambiario provocaron la reacción
furiosa del establishment. La participación de YPF Agro en el sector dejaría al
descubierto la evasión fiscal y la retención y fuga de divisas del resto de las
empresas privadas. Evitaría además una mayor extranjerización.
Por Alfredo Zaiat
Tres conceptos centrales del caso Vicentin expuso Alberto
Fernández en la conferencia de prensa anunciando el rescate del
conglomerado industrial de productos primarios de exportación:
1. Empresa
testigo.
2.
Planificación estratégica de los mercados de cereales y cambiario.
3. Soberanía
alimentaria.
La reacción discursiva violenta por parte del corazón
del establishment a esa decisión, que preserva los patrimonios públicos
(créditos de la banca estatal) y de decenas de proveedores y productores, no
tiene que ver con la preocupación por la seguridad jurídica, el respeto a la
propiedad privada, las finanzas públicas y, mucho menos, por el cuidado de la
Constitución.
La reiteración de esas consignas de
corporaciones y de fuerzas políticas de la oposición están ya bastante
gastadas cuando se refieren a iniciativas de regulación de mercados
dispuestas por gobiernos que no son liberales-autoritarios (dictadura militar,
menemismo y macrismo). Se mantienen en el espacio público porque sólo son
amplificadas por el dispositivo mediático conservador.
En esta oportunidad, el cacareo de los lugares comunes
de la derecha política y económica tiene su motivo en el pavor que les provoca
ese esquema conceptual presentado por Fernández para explicar la intervención
de Vicentin.
Tomando el control de la compañía a través de YPF Agro
el Estado ingresaría como participante activo en el núcleo del negocio de
mayor rentabilidad de la Argentina: producción agropecuaria, complejo
agroexportador y mercado cambiario con la generación de dólares comerciales.
Cuando se concrete el desembarco legítimo y legal en
Vicentin en defensa de los intereses patrimoniales del sector público, ahora sí
la disputa por la construcción de un proyecto de país de desarrollo nacional
con inclusión social no será por la captura de una porción de la renta agraria
extraordinaria (como lo fue la resolución 125), sino que las necesarias
transformaciones estructurales del funcionamiento de la economía local se
podrán desplegar desde el mismo interior del poder económico
concentrado.
Para esa tarea la guía es el modelo Kulfas de
desarrollo productivo.
Médula
Cada uno de los miembros de ese establishment desaforado
participa, directa o indirectamente, en la médula de la acumulación de las
rentas más abultadas de la economía argentina.
Los controles y regulaciones frágiles que realiza el Estado
les permiten subfacturar exportaciones, retener cosechas, vender una
parte de la producción en negro, presionar por devaluaciones con el manejo de
la liquidación de dólares, triangular operaciones con firmas offshore para
eludir pago de impuestos y fijar precios internos que perjudican a productores
y consumidores.
Pese a ello se quejan siempre de la intervención estatal,
protestas que en realidad apuntan a que no se perfeccionen los mecanismos de fiscalización.
Si exageran por esa débil injerencia del sector público en
la actividad es comprensible que se muestren desesperados ante la eventualidad
de que el Estado sea parte, como actor de referencia y partícipe pleno, de una
de las fuentes de ganancias fabulosas que ofrece la economía local.
La perspectiva de que se convierta en un jugador testigo de
la cadena de producción agropecuaria, en el comercio exterior y en la
generación de divisas por exportaciones significaría para el Estado ingresar
en forma directa en el centro del poder económico en Argentina.
Es una posibilidad que desespera a los tradicionales
actores de esa estructura de poder y dinero porque los dejaría a la intemperie.
O sea, quedaría expuesta la forma en que hacen negocios, que no es transparente
ni colabora para el desarrollo productivo integrado.
Confesión
Los presidentes de corporaciones reunidos en la Asociación
Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial emitieron
sendos comunicados rechazando la expropiación de Vicentin.
Ambos contienen la confesión de lo único que les preocupa: quedar
expuestos con su peor rostro de elusión, evasión e irregularidades en sus
operaciones productivas y comerciales. Por eso no quieren al Estado en su
negocio y muchos menos en una actividad exportadora.
AEA, con los titulares de Clarín, Techint y Arcor a
la cabeza, lo dice abiertamente: "La estatización de una empresa que opera
en un sector definidamente exportador es un grave error que debe
subsanarse. En efecto, es el sector privado al que le corresponde asumir la
responsabilidad de controlar, dirigir y administrar a las empresas en la
Argentina"
El Foro de Convergencia Empresarial donde participan
diversas cámaras sectoriales advierte que "la intervención del Estado se
da en el sector de agronegocios, uno de los más dinámicos y competitivos
de la economía".
La Bolsa de Cereales emitió un confuso
comunicado que por un lado reconoce implícitamente la administración financiera
desastrosa de Vicentin, pero sentencia lo que en realidad pretende: "Es
importante tener en cuenta que el objetivo final no debe ser la expropiación,
sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas acreedores,
trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma".
O sea, que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para
salvar a la empresa, a los trabajadores, a los acreedores y a los productores,
pero que no desembarque en el sector. Que se ocupe de ordenar la empresa para
que sea entregada a otro grupo privado (extranjero).
De ese modo, cada uno de los eslabones de la cadena podrá continuar
con impunidad participando en la dinámica opaca del negocio agropecuario.
Es lo que hay
Como se mencionó al comienzo, la reacción furiosa del
establishment no tiene que ver con la seguridad jurídica o con el respeto a la
propiedad privada. Cada uno de sus miembros fue entusiasta soporte del
gobierno de Macri, que fue el más antiempresas desde la recuperación de la
democracia.
La administración macrista persiguió empresarios, los
metió presos, incentivó a procesar a decenas con fotocopias de cuadernos,
intentó que amigos suyos se quedaran con compañías, despreció a industriales,
utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma
ilegal y les hizo perder plata como nunca.
Pese a todo esto, no hubo ni un comunicado del
establishment en los cuatro años del macrismo cuestionando ese dispositivo
oficial de intimidación y persecución.
Con Vicentin, las corporaciones y cámaras empresarias
muestran entonces lo que son: ideologizados al extremo hasta apoyar
gobiernos que los perjudican personal y patrimonialmente, carentes de
criterios industrialistas y muy débiles soportes del desarrollo nacional.
Defienden además a empresarios acusados judicialmente de fraude financiero,
vaciamiento y triangulación de operaciones para la evasión de impuestos.
El peronismo, en el primer y segundo gobierno, el ciclo
político del kirchnerismo y ahora la gestión de Alberto Fernández muestra una
vocación por desarrollar la producción nacional y las empresas que ni la
dictadura militar, ni el menemismo en los '90 ni el macrismo tuvieron.
La identificación del establishment con esas traumáticas
experiencias políticas es pura ideología de derecha y trasnacionalizada.
Una ideología conservadora desatenta de los proyectos que proponen crecimiento
y desarrollo de la economía nacional.
Alberto Fernández les dice que es capitalista y
proempresas, y la respuesta que recibe es la difusión de proclamas políticas
patéticas. Hablan de seguridad jurídica cuando han apoyado a
administraciones que la han avasallado.
Esas corporaciones demuestran una vez más que son parte
del núcleo central de la decadencia económica argentina. La ausencia de una
clase empresaria con conceptos básicos de soberanía y compromiso con el
desarrollo nacional explica el prolongado estancamiento económico.
Con la convicción de que hay que construir con lo que se
tiene, Alberto Fernández hace esfuerzos políticos en convocarlos a un contrato
social para superar esa histórica limitación del desarrollo. La respuesta
que está recibiendo a esa invitación es una señal que deberá tener en cuenta.
Modelo Kulfas
El análisis perezoso empuja a señalar al kirchnerismo y
a Cristina Fernández de Kirchner para explicar la decisión de Alberto Fernández.
Es la obsesión patológica con CFK. Pero sin mucho esfuerzo podrían enterarse
que la estrategia económica que el gobierno se propone con YPF Agro en
Vicentin es el modelo Kulfas. No es necesario encarar ninguna investigación
especial para descubrirlo porque ya está escrito.
En el posfacio "Pensar la economía después de
Cambiemos", capítulo que se sumó en octubre de 2019 a la segunda edición
de su libro Los tres kirchnerismos (Siglo XXI), lanzado en 2019, estaba
precisada cuál iba a ser la hoja de ruta del ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas.
En ese texto señala que el principal problema de la
economía es la restricción externa, que es la escasez relativa de
divisas, o sea que no hay dólares para todos quienes lo demanden en la cantidad
que quieran en todo momento.
Para relajar esa restricción y avanzar en el desarrollo
económico, una de las vías que proponía Kulfas era la construcción de "clusters"
en torno a los recursos naturales.
Clusters tecnológicos y de ingeniería ligados al agro,
el petróleo y la minería, con la expectativa de romper de esa manera la
tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria.
Oportunidad
El Estado desembarcando en Vicentin es la oportunidad
extraordinaria para acelerar ese proceso de desarrollo planteado por Kulfas.
El ministro ya lo tenía planeado realizar con YPF Agro, pero ahora incorporando
Vicentin a su administración lo podrá hacer más rápido.
El objetivo es convertirla en empresa testigo de un
sector clave del crecimiento y de la provisión de divisas.
Con una managment profesional, a través de YPF Agro se abre
un amplio abanico de posibilidades para una intervención estatal eficaz y
eficiente en el comercio exterior de granos y la regulación de sus precios para
toda la cadena productiva y para el consumo interno.
La idea de empresa testigo es clara: un actor que
observa cómo funciona el mercado e interviene en forma directa, sin
esperar que el resto de las compañías del sector relaten a los funcionarios lo
que está pasando.
La transparencia en los precios será una tarea esencial
en un mercado opaco junto con el fomento de la formalidad en las transacciones
cuando es habitual que una parte se comercialice sin registrarla.
YPF Agro podrá determinar costos, precios y cadena de
proveedores, actuar en forma contracíclica y definir políticas específicas para
pequeños productores.
Como empresa testigo facilitará la planificación
estratégica del Estado en los mercados de cereales y cambiario.
Ante conflictos que puedan darse, por ejemplo con el trigo,
cuando los molinos dicen que no hay harina y entonces sube el precio del insumo
y el consiguiente del pan y las pastas, YPF Agro podrá tener un diagnóstico
preciso y, por lo tanto, capacidad de intervención amortiguando costos sociales
y económicos, puesto que será una empresa estatal que podrá anticipar cómo
viene la producción, lo que implicará mayor estabilidad, protección al
consumidor y mayor rentabilidad para el pequeño productor.
En definitiva, participar y conocer la cadena de
producción desde adentro permitirá planificar mejor la oferta.
El rescate estatal de Vicentin facilitará desplegar esa
estrategia con YPF Agro y evitará además una mayor concentración y
extranjerización en un sector clave de la economía nacional.
La oposición del establishment a esa posibilidad confirma
la existencia de una burguesía fallida, que permite comprender el
estancamiento económico y la dificultad para impulsar un proceso dinámico del
desarrollo nacional. Ahora se abre la posibilidad de encontrar la salida a
ese laberinto de la economía argentina.
azaiat@pagina12.com.ar
Fuente: Diario Página 12,
14 de junio de
2020.
