Hoy
no se ve mucho por los medios televisivos las incongruencias de las ventas de
nuestro territorio a acaudalados terratenientes. Aquí hay una nota periodística
que refleja estos hechos, que ya son una historia real y tiene consecuencias de
gran impacto, no solo en la ambiental, sino también en lo social, sin dejar de
lado el patrimonio nacional.
En la Argentina hay 35
ríos, arroyos y lagos apropiados por terratenientes
Son empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos
hídricos que deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la
ley y, muchas veces, recurren a la violencia. Los negocios privados y el caso
de Corrientes.
Un empresario inglés alambra un lago en Río Negro, un millonario
italiano cierra una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Un magnate de
medios estadounidense pone una tranquera e impide el paso al río Traful, en
Neuquén. Y en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de
cabañas mata de un balazo a un joven por estar pescando con un amigo a orillas
del río Quilquihue.
Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación
ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros
que violan leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser “okupas” de
escenarios naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo
comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió
detectar en ocho provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y
lagunas dejan de ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de
recurrir a la violencia para obtener y conservar sus privilegios.
El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos
como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los habitantes en general,
lo que significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni
transferidos. Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario.
También el artículo 2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos.
Esa cláusula indica que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales
que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o
camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal,
sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes respetan.
En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y
Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre
tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La
Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con
candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó
mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo
privado, pero ese plan se frenó en 2007.
En la Patagonia la situación es aún más crítica. Es la región donde
existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros,
copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe
Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que
atraviesa su mansión y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el
pedido.
Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15
kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y
dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.
Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace
doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores
cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de
sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un
puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. “Me tuve que ir porque
me hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para
salir tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de
profundidad que bordea el terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que
“encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al
que lo intenta lo corren a los tiros”.
En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia
ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez
figuran entre los poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a
espejos de agua como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las
lagunas Chica, Larga y Cóndor.
Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río
Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la
provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias
privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza. “Hay muchos lugares
que son públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar
para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo
está permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos
mil dólares por día.”
En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación
Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las
costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo
mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con
un amigo en el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó
Horacio Calderón, custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13
años y medio de prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el
arma, recibió dos años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una
problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los privados no
sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro
hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y
le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no
dejaba que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus
clientes”, afirmó González.
Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También
es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los
humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los
casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la
santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la
mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de
altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable
para poder llegar hasta su casa en 4×4.
Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que
“se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal
y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar
arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir
a pescar a lugares de costa que hoy están interrumpidos”.
En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex
presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del
mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las
crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto
sucede en Corrientes, provincia paradigmática en cuanto a la privatización del
capital acuífero (ver aparte).
La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino
dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan
de recursos naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos
más. Y esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras,
que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la
complicidad de los estados municipales y provinciales.
El caso del vice de Clarín
Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos
extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está librando
por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es el agua.
La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace
dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de
cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios
hechos a la medida de sus intereses.
En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa
Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de
arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por
el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea
sembrada.
Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil
hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso
comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de
sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce
más codiciadas del mundo.
En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José
Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo
Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo
era usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El
proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de
bosques en galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de
la Nación y frenado por la Corte Suprema de Justicia.
Recursos hídricos
QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están
comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda otra agua
que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”, como
“los lagos navegables y sus lechos”.
Extranjerización
Magnates
Soros, Benetton, Lewis y Turner se encuentran entre los varios
millonarios extranjeros que usufructúan recursos hídricos públicos en la
Argentina.
Por Fernando Pittaro / Resumen Latinoamericano / Tiempo Argentino / 17
de julio de 2015
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/07/17/en-la-argentina-hay-35-rios-arroyos-y-lagos-apropiados-por-terratenientes/