“Los gobiernos abandonaron las
bibliotecas populares”
En
eso coinciden el historiador Daniel Campi y el director de la biblioteca
Alberdi, Pedro Ruarte. Cultura busca reglamentar una ley.
El historiador Daniel Campi.
Al derrumbe del cielorraso de la biblioteca Alberdi se lo
veía venir. Eso confiesa Daniel Campi, historiador,
docente de la UNT y director del Instituto Superior de Estudios Sociales del
Conicet y la UNT (ISES). Y cree que este accidente se explica también por la
carencia de recursos que tiene desde hace mucho tiempo esa biblioteca, al igual
cada una de las que se desparraman por la provincia.
“Paradójicamente
no existen grietas sobre este tema entre los distintos partidos políticos tucumanos:
los gobiernos se han puesto de acuerdo para abandonar a las bibliotecas
populares, que no cuentan con un peso del Estado provincial ni del municipal.
No figuran como parte del presupuesto. Mientras que la Nación manda fondos
exiguos, ridículos, de unos $ 8.000 por mes ($ 96.000 anuales). Imagínate que
actualmente la cuenta de la luz que pagan en la biblioteca Alberdi tiene un
promedio de $ 22.000 al mes, que aumenta en verano. Esta situación no es
excepcional en Argentina”, describe el historiador, que elaboró buena parte de
sus investigaciones en esa biblioteca. Por estos motivos -añade-, la comisión
directiva tuvo que hacer un bar, una sala de teatro, una feria de ropa y, de
ese modo, generar recursos propios.
Hay maneras de
salir de esa situación -sostiene-, pero no a través de subsidios esporádicos
gestionados por el Gobierno; sino que se necesita que las bibliotecas estén
incluidas en los presupuestos de la Provincia o de la Municipalidad, como
ocurre en otros lugares. Menciona la biblioteca salteña Victorino de la Plaza;
en ese caso, el Gobierno provincial se hace cargo de los empleados y del
mantenimiento. Lo mismo sucede en Jujuy y -más lejos- en Colombia. En ese país,
las bibliotecas más importantes están bajo un patrocinio del Banco Central (“funcionan
de maravilla, con un sistema de intercanje entre las provincias”, asegura).
Campi resalta
que la debacle de las dos principales bibliotecas que tiene Tucumán, la
Sarmiento (fundada en 1882) y la Alberdi (de 1903), comenzó en la época del
gobierno constitucional de Antonio Domingo Bussi, que ordenó que se pintaran
ambas salas y, por ese motivo -o descuido-, se desacomodaron los libros y en
consecuencia se perdió la catalogación de las bibliotecas.
“Actualmente hay
abandono del Estado. Ponen plata para que el piano del teatro San Martín esté
afinado; para que los cuerpos estables de teatro, coro y danzas funcionen, pero
abandonaron la cultura popular. Descuidaron la lectura”, opina.
Hecha la ley, pero...
Horacio
Elsinger, director de Letras del Ente de Cultura desde enero 2018,
explica que si bien las bibliotecas populares tienen autonomía del Estado, la
Nación no se desentiende: la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(Conabip) envía un subsidio anual de $ 96.000 y -a su vez- el Gobierno provincial
le da dos subsidios por las salas teatrales a la Alberdi, además de otro que
está gestionando con la Federación de Bibliotecas Populares. De todas formas,
reconoce que hay una deuda más allá del aporte económico que se otorga.
A esa deuda la
quieren solucionar -explica el funcionario- comprometiéndose a reglamentar una
ley 7693 llamada “Sistema Provincial de Bibliotecas”. Según cuenta, hace unos
meses invitaron a diferentes personalidades, entre ellos funcionarios del área
de Educación, a ser parte de la comisión para reglamentarla. Pero no lograron
el cometido, que ahora quieren volver a impulsar. “Hay interés del nuevo
presidente del Ente de Cultura (Martín Ruiz Torres) para
solucionar la situación de las bibliotecas”, resalta Elsinger.
La norma a la que
se refiere Elsinger plantea el Sistema Provincial de Bibliotecas en el ámbito
del Ente Cultural de Tucumán, con la finalidad de fomentar la creación,
desarrollo y funcionamiento de esos espacios de lectura; tiene por objetivo
principal la coordinación y cooperación de acciones y servicios (recopilación,
conservación y organización del patrimonio bibliográfico provincial y promoción
de la lectura, entre otros).
Pedro
Ruarte, presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Alberdi,
sostiene que a esa “promesa” ya la ha escuchado muchas veces a lo largo de los
25 años que lo ligan a ese espacio que hoy ya se ha vuelto como un centro
cultural (por las diversas actividades que allí se desarrollan).
“Vengo
escuchando hace años que se va a reglamentar esa ley. Nunca salió nada. Es que
no está la decisión política de decir ‘vamos a ayudar a las bibliotecas
populares’. No sólo a la nuestra, sino a todas”, resalta.
Ruarte coincide
con Campi en que para que la biblioteca Alberdi “sobreviva” a esta situación se
necesita que los gobiernos municipal y provincial intercedan. Primero, cree que
se debe reconocer a la biblioteca Alberdi como una institución importante para
todos los tucumanos. Por otra parte, necesitan que les brinden personal
administrativo y de mantenimiento (“para nosotros eso representa mucha plata y
para ellos, nada”, insiste). Además, necesitan ayuda para concretar las obras
con personal calificado (“ellos tienen reparticiones como Construcciones
Escolares y Obras públicas”, ejemplifica).
Mientras Ruarte
espera una respuesta del Estado, reposa detrás de los escombros un acervo
bibliográfico tucumano único, con ejemplares y cartas de nuestro gran prócer,
Juan Bautista Alberdi, entre otras joyas por desempolvarse (si es que vuelven a
abrirse esas puertas).
Fuente: La Gaceta, 06 Nov 2019.
