ECONOMÍA
Impulsarán amplia moratoria
impositiva y previsional
Según
el "albertismo" hay casi 400.000 empresas (en su mayoría pymes) al
borde de la desaparición por su volumen de deudas ante la AFIP. Incluirá perdón
de pasivos más un importante plan de pagos.
Por Carlos Burgueño
cburgueno@ambito.com.ar
El
próximo gobierno enviará al Congreso un ambicioso proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que incluirá
una quita de la deuda que se mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y un importante plan de pagos. La nueva norma formará parte de
la iniciativa del Pacto Social que lanzará
Alberto Fernández de manera oficial el mismo día de asumir; y se buscará que el
Congreso apruebe el proyecto dentro de las sesiones extraordinarias que el
próximo presidente convocará una vez que asuma. Según los asesores
albertistas se trataría de una de las moratorias de mayor alcance en décadas, y
obedecería a un reclamo tanto de la industria, especialmente las pequeñas y
medianas empresas, y los sindicatos. La iniciativa formaría parte del paquete
que se discute para que ambos sectores aceleren las negociaciones para firmar
lo más rápido posible el acuerdo social, como primer elemento para comenzar con
la reducción de la inflación y la reactivación económica, según la confianza
que se tiene dentro de los equipos económicos del próximo presidente. Este
paquete se complementa, tal como adelantó este diario, con la apertura, por
primera vez en décadas, de las negociaciones para la firma de nuevas
convenciones colectivas de trabajo en rubros y sectores que vayan negociando
acuerdos puntuales entre empresarios y trabajadores.
En el caso de la
moratoria impositiva, desde el albertismo justifican la medida con un dato
demoledor: según la
información que manejan en los equipos económicos del próximo jefe de Estado,
habría aproximadamente 400.000 empresas (la mayoría pymes) con serios
incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador; las que, en muchos
casos, están al borde de las inhibiciones bancarias en cuanto la AFIP levante
la suspensión que rige hasta diciembre. Además, según los asesores de Alberto
Fernández, la mayoría de esas empresas, estaría en
condiciones económicas y comerciales de crisis terminal, con lo que tampoco
tendrían la posibilidad de poder cumplir con la deuda acumulada ante el fisco.
Los datos del
próximo oficialismo hablan de una situación que se salió de eje durante el
último año y medio, a partir de la crisis financiera y cambiaria desatada desde
abril de 2018. Se critica la actitud de la conducción impositiva de Leandro
Cuccioli; quién, según la visión de la oposición, en lugar de asistir a las empresas
en crisis, presionó aún más a los contribuyentes morosos para que estos
desistieran de financiarse con el no pago de impuestos, ante el incremento
acelerado de las tasas de interés bancarias, al ritmo de la evolución de las
Leliq. Luego, con la desaparición del crédito desde septiembre del 2018,
situación profundizada desde abril de este año, según la visión del albertismo
la cantidad de contribuyentes que comenzaron a mostrar problemas de
continuidad, se fue multiplicando hasta llegar al número preliminar que se
maneja hoy dentro de la propia AFIP. La propuesta que se elabora, es la
de proponerles a los contribuyentes que estén en plena morosidad y que puedan
mostrar los problemas de complimiento que sufrieron desde la crisis del 2018;
que puedan acceder a una quita en el volumen del pasivo y un plan de pagos de
“largo plazo y con tasas razonables”. “La mayoría son pequeños y medianos
contribuyentes que se cayeron con la crisis, y que no tienen ninguna
posibilidad de acceso al crédito ni de pagar sus deudas”, aseguran desde el
albertismo para justificar la medida.
En el caso de la
moratoria previsional, se trata de un pedido hecho específicamente de parte de
la CGT, como condición para sumarse al acuerdo social que propone el próximo
gobierno de Alberto Fernández. La intención es presentar un proyecto de ley que
incluya un amplio llamado al blanqueo de empleados no registrados, al menos
desde el estallido de la crisis; sumado, en el caso de las pymes, a una rebaja
en las contribuciones patronales y aportes durante un período determinado de
tiempo.
Alcances
También se buscará redactar artículos de reducción de la
litigiosidad, a pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA) y con el aval de
la CGT. Según el albertismo desde la crisis del 2018, la evolución del trabajo
en negro se fue acelerando hasta superar hoy un record de 40%, porcentaje que
no se veía desde la crisis del 2001. “Uno de cada tres trabajadores no tienen
cobertura médica, ni hacen aportes para su jubilación, lo que potencialmente se
trata de una bomba social”, aseguran desde la oposición. El proyecto incluiría
condonaciones de las deudas de aportes y contribuciones; extinción de acción
penal, multas, exención de capital e intereses adeudados en materia de
seguridad social y la baja en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL).
Fuente: Diario Ámbito Financiero, 20 noviembre 2019.
