INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD
Nota Periodística
Defender la cultura o cómo salir del laberinto neoliberal
Por Pablo Carro*
Imagen: Leandro Teysseire
Desde que se presentó el proyecto de ley ómnibus, mucho se discute
sobre el financiamiento de la cultura. Debate que llegó incluso a los medios
concentrados de nuestro país.
Sin embargo, buena
parte de la discusión que propone La Libertad Avanza gira en torno a algunos lugares comunes
que resulta imprescindible desarticular si de verdad queremos tener un debate
serio sobre el estado de la cultura en nuestro país. Podrían sintetizarse en
cuatro argumentos combinados: 1) Que en los institutos de cultura hay control
ideológico sobre lo que se produce y que por lo mismo hay falta de
transparencia en la asignación (discrecional) de recursos; 2) Que los recursos
asignados no llegan a sus destinatarios y se pierden en una maraña burocrática
elefantiásica e ineficiente; 3) Que en un país con los niveles de pobreza que
tiene la Argentina es un despropósito destinar recursos a la cultura (no hay
plata, reza el mantra); 4) Que es necesario centralizar los recursos para
garantizar “libertad, transparencia, eficiencia y progreso”, según lo expresado
por el secretario de cultura Leandro Cifelli en la defensa del proyecto en
comisiones. Estos argumentos son falsos.
En primer lugar, contra el argumento de la
manipulación política y la discrecionalidad vale decir lo siguiente.
El Instituto Nacional de Teatro
(INT) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) tienen sus consejos
o asambleas federales integrados por los responsables de cada una de las
provincias y de CABA (es decir, expresan la diversidad federal de cada uno de
sus gobiernos). En los últimos años sus planes de acción y balances económicos
fueron aprobados por unanimidad y no existe una sola denuncia por mal
funcionamiento o incorrecta distribución de los recursos. En el caso de
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), además de la
representación jurisdiccional, incorpora distintos representantes sectoriales
de la industria audiovisual. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(Conabip) es una junta representativa compuesta por 24 miembros, fundamental
para otorgar carácter federal a las actividades que desarrolla. Las bibliotecas
son dirigidas por comisiones integradas por distintos agrupamientos sociales y
forman parte de la vida comunitaria en cada localidad. Es decir, de conjunto,
estos son organismos federales que definen sus propias políticas. El gobierno
nacional no tiene ni voz ni voto. En todo caso, es el Congreso Nacional el que
cada año aprueba las asignaciones que les corresponden por ley a cada
organismo.
En segundo lugar, contra
el argumento de la ineficiencia burocrática elijo tres ejemplos.
Ninguno de los 30
trabajadores del Inamu tiene relación de dependencia con el Estado. La
inversión en fomento a la música demuestra ser altamente eficiente, ya que cada
peso destinado a proyectos se multiplica por tres. En términos generales, el
Inamu financia aproximadamente el 25 o 30% de un proyecto artístico, mientras
que el resto es aportado por los propios artistas autogestionados. Ni la
Asamblea Federal, ni los Consejos Regionales (80 representantes de Asociaciones
de todo el país) cobran por su colaboración. Existe un amplio consenso entre
los referentes musicales más importantes del país, aún sin ser beneficiarios,
de que el Inamu es la herramienta más adecuada para fomentar la actividad
musical independiente en el país. Es lo que hubieran querido para sí al inicio
de sus carreras profesionales.
Con el INT ocurre
algo similar. El
proyecto de ley es un ataque directo al Teatro Independiente. Al
eliminar el instituto, elimina sus atribuciones. Por ejemplo, otorgar
beneficios a la actividad teatral, administrar recursos, aplicar sanciones,
representar al teatro en el ámbito internacional, financiar el mantenimiento de
salas de teatro, crear delegaciones regionales, entre otras. También implica la
eliminación del descuento del 50% en pasajes para actores, artistas y técnicos
de compañías de teatro y de variedades argentinas, vía empresas estatales de
transporte. Pero no sólo se elimina el INT, sino que se deroga la ley nacional
de teatro, lo que afecta las regulaciones laborales que establece, indicando
que no se impondrán cupos o condiciones específicas de trabajo para las
actividades respaldadas por la misma. El proyecto nos priva de la posibilidad
de contar con más de 500 salas de teatro distribuidas en todo el territorio
nacional, del fomento a la producción y exhibición del teatro como expresión de
nuestra cultura. Especialmente en aquellas regiones donde resulta dificultoso
generar eventos artísticos con fines comerciales.
En el caso del Incaa, se trata del fomento
a una de las industrias audiovisuales más importantes de Latinoamérica. La contribución del sector
audiovisual alcanza al 3,1 % del empleo de la economía nacional. Si se
consideran sus efectos directos, indirectos e inducidos, el sector audiovisual
representa el 5,2 % del total de la economía argentina. Y acá el dato central,
cada peso del fomento a esta industria se multiplica por siete. Esto tiene que
ver con el encadenamiento productivo (hotelería, gastronomía, etc.) y la
multiplicación de puestos de trabajo que genera. Decir, que el Incaa está
sobredimensionado es una burrada, si tomamos en cuenta las tareas que realiza.
Dentro de este instituto funciona una de las escuelas de cine más importantes
de Latinoamérica, la Enerc.
El Incaa tiene un papel clave en el ordenamiento del mercado de trabajo. No
entrega subsidios sin previa certificación del cumplimiento de los convenios
colectivos de trabajo de cada sector; es decir, garantiza trabajo registrado y
de calidad. Sin hablar de las tareas de inspección que permiten controlar que
en las pantallas argentinas exista producción nacional, estrenos, etc. Y
todavía no hemos dicho una sola palabra sobre la importancia simbólica de esta
industria para la reafirmación de nuestra identidad nacional. En el cine nos
vemos y reconocemos. Allí están nuestras historias, contadas por nuestros
directores, interpretadas por nuestros artistas, en nuestros entornos
naturales. El aporte a la memoria regional y nacional es insustituible y clave
desde el punto de vista de nuestra soberanía. El cine argentino es marca país.
En tercer lugar, contra el argumento que dice no
hay plata es importante resaltar que los fondos para la cultura en nuestro país
no salen de las arcas del estado ni de los impuestos nacionales que pagan todos
los que habitan nuestro suelo. Los institutos culturales se financian con
lo que se conoce como “asignaciones específicas” para la cultura.
La ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios), esa que nos quieren
hacer creer que derogó por decreto Mauricio Macri, esa que también se ve
impactada por el DNU de Javier Milei, distribuye por artículo 97 lo recaudado
por gravámenes pagados por las empresas licenciatarias de radio y televisión
(abiertas o por suscripción, sea por cable o satélite) de la siguiente manera:
25% para el Incaa; 10 % para el INT; 20 % para Radio y Televisión Argentina; 28
% para el actual Enacom, incluyendo los fondos el funcionamiento del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual; 5 % para la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual; 10 % para proyectos especiales de
comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios
(Fomeca); 2 % para el Inamu.
La Conabip se financia con un impuesto a
los juegos de azar. El
proyecto de ley pretende derogar esa asignación presupuestaria y plantea que
las bibliotecas populares dependerán de los subsidios otorgados por el Congreso
Nacional. Para obtenerlos, deberán acreditar la necesidad social de los
servicios en su zona, las necesidades específicas para el crecimiento de las
bibliotecas más carenciadas y el esfuerzo realizado en la prestación de
servicios. Vale destacar que en la actualidad son más de mil quinientas
bibliotecas populares, todas constituidas como organizaciones no
gubernamentales que funcionan en todo el país. No sólo promueven la lectura,
sino que son ámbitos de apoyo escolar, acceso al uso de Internet, lugares de
encuentro artístico, etc. Un sinsentido.
El caso del Fondo Nacional de las Artes
(FNA) directamente no tiene ni pies ni cabeza. El FNA se financia con los
recursos que vienen de lo que se conoce como “dominio público pagante”, es
decir, los impuestos que se pagan en el mundo entero por los derechos de autor
que generan las obras que tienen más de 70 años de antigüedad (que dejan de
cobrar sus autores o herederos). El proyecto directamente elimina el FNA, lo que produce una
intervención desregulatoria sobre un segmento clave de la cultura. Las artes
promovidas y financiadas por el FNA son de gran interés comercial en la demanda
internacional, por ende, constituyen una tentación de negocio para los
privados, en detrimento del criterio federal de amplitud e inclusión que hasta
hoy se ha sostenido. El FNA concede préstamos, otorga fondos de recuperación
industrial y comercial, financia certámenes y exposiciones, subvenciona
bibliotecas y museos, entre muchas otras actividades. El FNA es reconocido
internacionalmente. Prestigiosos artistas e intelectuales de nuestro país han
recibido premios y apoyo: Jorge Luis Borges (gran primer premio del FNA), Astor
Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo
Favio, Emilio Petoruti. Nada dice el proyecto sobre el capital cultural tangible
e intangible que administra ni de las donaciones que se le realizaron con
destinos específicas y a solo efecto de utilidad del FNA, como la ex casa de
Victoria Ocampo, entre otros. Hay coincidencia en los principales gestores de
políticas culturales y artísticas que el FNA es útil y valioso.
El cuarto
argumento es directamente falaz y engañoso. La “centralización” propuesta en
nombre de la libertad, la transparencia, la eficiencia y el progreso, no es más
que un “corset político” para estrangular la diversidad y el federalismo
cultural porque se desarticula la cultura tal como la conocemos en la
actualidad. Si a esto le agregamos los cambios que el proyecto le impone a la
ley del libro o a la ley que regula a las sociedades de gestión colectiva de
derechos, tenemos el combo completo. Sólo a título ilustrativo.
El proyecto propone la desregulación
económica de la actividad editorial. La ley 25.542 actual, protege la
bibliodiversidad y a los diferentes eslabones de la cadena de valor de
producción, distribución y venta de libros. La modificación de esta ley implica
la eliminación de las disposiciones que fijan de manera obligatoria un Precio
Uniforme de Venta (PUV) al público o consumidor final. Se derogan las limitaciones y
condiciones para los descuentos al PVP, tanto en ventas realizadas durante
ferias o días especiales como en compras realizadas por instituciones públicas.
Se elimina la lista de exenciones al PVP, como libros editados en número
limitado, libros artísticos, libros antiguos y de colección, libros usados,
libros fuera de catálogo, libros importados a precio de saldo, y ventas previas
para costear la edición de un libro. Se derogan las multas y clausuras
establecidas para las infracciones a la Ley, así como el destino específico del
producto de las multas a la promoción de la lectura por la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (CONABIP). Con matices, todas las organizaciones de
productores y vendedores de libros se manifestaron en contra de la derogación
de la Ley del Libro 25.542. Dicha derogación haría colapsar a toda la cadena de
valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles, como las editoriales y
librerías independientes. Si se elimina el precio fijo, se beneficia
directamente a las grandes superficies (librerías de cadena, supermercados,
plataformas online), que pueden establecer precios por debajo del costo. Muchos
de los países con las principales industrias editoriales tienen ley de precio
fijo (España, Francia, Corea del Sur, entre otros).
Por su parte, el
proyecto de ley ómnibus propone desregular la gestión colectiva de derechos de
autores e intérpretes. Al desarmar el sistema actual, habilita a una
descentralización desordenada que redundaría en una baja general de recaudación
y distribución de los derechos de propiedad intelectual para el conjunto de
creadores, artistas e intérpretes del país y sus provincias. Las negociaciones presuntamente
individuales con grandes productoras y exhibidoras serían nefastas para los
creadores e intérpretes, por las condiciones desiguales e impracticables, y
dejarían desamparados al 99% de los autores e intérpretes argentinos. La
afectación directa a las sociedades de gestión también jaquea a los servicios
asistenciales que éstas brindan. Estos servicios funcionan como una
redistribución de recursos y compensación para representados que usualmente no
son los que más derechos generan, logrando así un ambiente más equitativo. El
cobro y distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como
un derecho de propiedad y de carácter alimentario por la jurisprudencia
argentina, no es un privilegio. Con este proyecto se perjudica a la persona
natural, creadora o intérprete, la que genera el derecho en primer lugar y es
el eslabón más débil de la cadena productiva.
Visto de conjunto, el proyecto en cuestión
propone una suerte de genocidio cultural. Produce un desguace de los institutos de la cultura
tal como han sido concebidos al calor de los consensos logrados a lo largo de
los años en el Congreso Nacional por medio de normativas específicas. La
Constitución Nacional establece en su art. 75 que es atribución del Congreso de
la Nación “dictar leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural, la
libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y
los espacios culturales y audiovisuales”. En este sentido, el proyecto de ley
es abiertamente inconstitucional. Barre de un plumazo cuatro pilares sobre los
que se asienta el desarrollo de nuestra cultura pública nacional: elimina su
autonomía política, su autarquía financiera, su carácter federal y su prioridad
puesta en la producción nacional frente a la creciente transnacionalización de
las industrias culturales en el mundo entero.
No hay nada casual en este proyecto.
Quienes lo redactaron saben muy bien lo que significa la cultura en tanto
producción plural, abierta y libre de los condicionamientos que produce el
mercado. Pero, por sobre todas las cosas, saben que en nuestra cultura están
las herramientas que nos permitirán salir del laberinto en el que intentan
encerrarnos la ultraderecha y sus políticas neoliberales.
* Diputado
Nacional de UxP por la provincia de Córdoba. Autor del proyecto de ley que
permitió prorrogar por 50 años las asignaciones específicas para la cultura
Fuente: Diario Pagina 12, viernes 19 de enero de 2024.
