INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD
NOTA PERIODISTICA
Advertencia de las Defensorías del Pueblo
En defensa de las Bibliotecas Populares
La Asociación
de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó
su preocupación por
la situación de las
bibliotecas populares en caso de aprobarse la ley ómnibus que "podría perjudicar
gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad" de estas entidades y por
la eliminación del Fondo Especial que obtienen por ley.
"Las
bibliotecas populares son pilares fundamentales en nuestras comunidades,
desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la
cultura y la educación", indicó el organismo a través de un comunicado.
En medio del
empuje del Gobierno Nacional por promover una política de desregulación en el
área cultural, la asociación señaló la "importancia crítica" de las bibliotecas
populares, para las comunidades más pequeñas que dependientes de los
servicios y actividades que estas instituciones ofrecen.
"Las
propuestas de modificaciones a la ley, en su forma actual, plantean
preocupaciones significativas que podrían perjudicar gravemente el
funcionamiento y la sostenibilidad de estas bibliotecas, en particular, las que
carecen de ingresos fijos", explicaron.
Más que depósitos de libros
En su mensaje, ADPRA remarcó que es crucial "preservar y fortalecer estas
instituciones, que no solo fomentan la lectura, sino que también actúan como
lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y
participación ciudadana".
"Estos
espacios no solo son depósitos de libros, sino también catalizadores de
participación activa en la vida social de nuestras localidades",
destacaron.
Por esta razón
instaron a las autoridades a "mantener un diálogo abierto con las
bibliotecas populares y sus comunidades para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje
adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas
instituciones".
Asimismo,
aseguraron que continuarán trabajando en colaboración con estas entidades para
garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el
territorio argentino, ya que "en
muchas localidades, son los únicos espacios donde realmente se rompe la brecha
digital, siendo las bibliotecas las únicas en contar con internet de calidad
para uso de la comunidad".
El boleto caro de la ley ómnibus
El proyecto del gobierno de
Javier Milei propone reemplazar algunos cuantos artículos de la ley 23.351
--que establece la creación de un Fondo Especial para bibliotecas-- y busca que
estos espacios pasen a ser clasificados de acuerdo a la cantidad de obras
de que dispongan y su movimiento diario, además de las actividades culturales
que desarrollen.
Por otro lado, las entidades
serían dependientes de
los subsidios que el Congreso les otorgue y para su obtención, tendrán que acreditar "la
necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca
Popular", "las necesidades específicas para el crecimiento de las
bibliotecas más carenciadas" y "el mayor esfuerzo" llevado
adelante en la prestación de servicios.
De ser aprobado el proyecto,
la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) pasaría a
llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría
bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un
secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y solo
el primero sería remunerado por sus tareas.
Actualmente, más de 1500
bibliotecas populares funcionan gracias al Fondo Especial --reconocido por la
Ley 23.351 a través de la cual se financia la Conabip--, compuesto por el 5% de
la recaudación del gravamen del impuesto de emergencia a los premios pagados en
juegos de azar y que representa más del 50% del presupuesto de esta entidad,
creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870.
Fuente:
Diario Página 12, 31 de enero de 2024.
