JU5t1CIA
Memoria y Justicia por MARCELA GOMEZ;
hija, mamá y vecina de Isidro Casanova VICTIMA de LA TRAGERDIA DE ONCE.
Afiche de época
Nota periodística de fecha
30/12/2015del Diario Página 12
LA
JUSTICIA CONDENO A 21 DE LOS 28 ACUSADOS POR EL CHOQUE DE ONCE. LOS
FUNDAMENTOS, EN MARZO DE 2016.
Una tarde de justicia en la sala de Retiro
Tras 22
meses de proceso, el juicio por el accidente en el que murieron 51 personas
finalizó con sentencias de entre 9 y 3 años de prisión. Hubo 7 absoluciones.
Las penas mayores, para Cirigliano y Schiavi. También fueron condenados Jaime y
el maquinista.
Poco
después de las 4 de la tarde, la Justicia condenó a 21 de los 28 imputados por
el choque del tren “Chapa 16” contra el andén de la estación Once que, el 22 de
febrero de 2012, terminó con la vida de 51 personas “más una por nacer” y causó
heridas de distinto tipo a 789 personas. Tras los nombres de todas las víctimas
fatales, en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py sonaron las condenas,
que recayeron sobre el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio
Cirigliano (9 años de prisión), los ex secretarios de Transporte Juan Pablo
Schiavi (8 años) y Ricardo Jaime (5 años, a los que se sumó uno más de otro
proceso, por lo que quedó condenado a una “pena única” de 6), para quienes
además pesa “inhabilitación especial perpetua”, el maquinista Marcos Córdoba (3
años y seis meses, además de “inhabilitación especial para desempeñarse como
conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7
años”), 13 funcionarios de TBA y 4 de Cometrans. El veredicto (ver aparte)
deslindó responsabilidades (autoría o coautoría) en cargos de administración
fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo
agravado, y en todos los casos señaló que la pena es “por haber causado la
muerte de cincuenta y una personas, más una por nacer, y lesiones en
setecientas ochenta y nueve personas”. Los imputados, devenidos condenados, se
encontraban en la sala. Tras escuchar el fallo, los familiares de las víctimas
realizaron un pequeño acto frente a los tribunales, que empezó y terminó con la
misma frase: “¡Compañeros, justicia por los muertos y heridos de Once!” (ver
aparte). Hacia el final de la tarde, el fiscal Fernando Arrigo solicitó al
tribunal la inmediata detención de Jaime, Cirigliano y Ricardo Pafumi por
considerar que existe “peligro de fuga”.
En la sentencia,
los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 también
dieron indicaciones para remitir copias de testimonios y actuaciones a otros
juzgados y organismos, de modo que procedan a investigaciones y, en algunos
casos, se sirvan de lo tramitado en esta causa para resolver otros procesos en
curso. Entre esas más de diez instrucciones, los jueces Jorge Alberto Tassara,
Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini ordenaron investigar “la posible
responsabilidad penal” del ex ministro Julio De Vido, el secretario ejecutivo
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
Jorge Gustavo Simeonoff, el perito de TBA Julio César Pastine, el jefe de Tráfico
de TBA Ernesto Ianni y la contadora de TBA Silvia Emilse López. Además,
pidieron investigar la “posible comisión de un delito de acción pública en el
marco del otorgamiento de la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires
S.A. y Cometrans S.A. de los servicios ferroviarios conocidos como ‘Tren
Misionero’ o ‘El Gran Capitán’ y el ‘Tren Binacional’ o ‘Tren de los Pueblos
Libres’”. También pidieron remitir copia de la sentencia a comisiones de
Diputados y el Senado, el Ministerio de Transporte, la Auditoría General de la
Nación y el Ministerio de Justicia “para que, dentro de la órbita de
competencia, se tome conocimiento de las graves falencias e irregularidades por
parte de los componentes del sistema público ferroviario y de las empresas
prestatarias que fueron advertidas en el transcurso del debate”. Por otra
parte, el fallo ordenó remitir testimonios del proceso a la Dirección General
Pericial de la Corte Suprema, para “poner en su conocimiento las
consideraciones” referidas a “la aptitud del perito ingeniero oficial Raúl Díaz
para ejercer tal función” y que se evalúe su “exclusión” del listado de peritos
habilitados por la Justicia.
La última
audiencia del juicio, que concluyó tras 22 meses de debate oral, comenzó poco
después de las 9.30 de la mañana, en la sala Amia, de los tribunales de
Comodoro Py. Los familiares de las víctimas, muñidos de carteles con fotos y
nombres de sus seres queridos y también carteles que reclamaban justicia,
habían comenzado a llegar al lugar poco después de las 7. El primer tramo de la
jornada estaba destinado a que dijeran sus últimas palabras ante el tribunal
los cuatro acusados que todavía no lo habían hecho, Antonio Sícaro, Sergio
Tempone, Antonio Suárez y Miguel Werba. Sin embargo, los imputados desistieron
de hacer uso de ese derecho, que antes sólo había sido declinado por Schiavi y
los hermanos Claudio y Mario Cirigliano. Ante la negativa, el tribunal ordenó
un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando se leería la resolutiva del fallo
(los fundamentos serán dados a conocer el 30 de marzo al mediodía).
Al comienzo de
esa espera, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, señalaba que tenía “mucha
expectativa” por la decisión que pudieran tomar los jueces. “Me costó dormir
por la ansiedad, pero estoy convencida de que el tribunal tiene una enorme
cantidad de pruebas para valorar y dictar sentencias condenatorias, y estoy
confiada”, declaró en diálogo con Radio Belgrano. “Lucas, que tenía 20 años y
toda la vida por delante, dejó una nena de cuatro años que sabe que su papá fue
víctima de la corrupción, que hay responsables de su muerte y me acompaña en
cada acto”, agregó. El padre de Lucas, Paolo Menghini, advertía, a su vez, que
también contemplaban la posibilidad de que la Justicia no cumpliera con sus
expectativas: “Si el fallo no es lo esperado, si dicen algo que no queremos
escuchar, seguiremos luchando como hasta hoy”.
Apenas pasadas
las 4 de la tarde, en la sala del tribunal, los imputados se encontraban en la
sala Amia, junto con sus abogados. También estaban presentes familiares de las
víctimas, quienes se ubicaron en un área destinada al público, separada por un
vidrio del espacio destinado a la audiencia. Desde allí, mantuvieron en alto
los carteles con las fotos, los nombres, las edades de sus seres queridos fallecidos
en el choque, como lo habían hecho por la mañana y en jornadas anteriores. En
la calle, otro gran grupo de familiares y amigos se preparaba para seguir en
una pantalla gigante las alternativas de lo que sucediera en el tribunal,
habida cuenta de que –por primera vez– los jueces del TOCF 2 permitieron que se
transmitiera en directo, para lo cual también el sitio web del Centro de
Información Judicial.
Durante los
alegatos en el debate oral, la fiscalía había solicitado penas para los 28
imputados, en una demanda que terminaba unificando los pedidos realizados, a su
turno, por las cuatro querellas. Mientras que las querellas 1 (representada por
Gregorio Dalbón, Virginia Marta Cassola y Antonio Jesús García) y 2
(representada por Javier Moral) acusaron sólo al motorman Córdoba, para quien
pidieron 22 años de prisión, la querella 4 (representada por Patricia
Anzoátegui, quien en mayo de este año se separó de la encabezada por Moral, por
diferencia de criterios) pidió entre 9 y 10 años de prisión para todos los
imputados excepto el maquinista. Por su parte, la querella 3 (integrada por
Leonardo Menghini –tío de Lucas Menghini Rey–, Lelia Leiva, Damián Cardillo y
María Eugenia Visconti) había pedido condenas para todos los acusados, porque
“por su acción o por omisión” todos ellos tuvieron “dominio del hecho ocurrido
el 22 de febrero de 2012”.
