INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA
Buenos Aires, 28
de diciembre de 2023
COMUNICADO DE LA UNIÓN DE
ESCRITORAS Y ESCRITORES
Cada día que pasa, cada
paso que da, el gobierno del presidente Javier Milei manifiesta una frontal
hostilidad hacia las trabajadoras y los trabajadores, la democracia, la
república y su carácter federal, lo que también quiere decir hacia la libertad
de expresión. Todas sus iniciativas
erosionan los derechos populares, el nivel de vida general y la soberanía
argentina.
Primero fue una
devaluación que licuó los ingresos de millones de argentinos sin compensación
alguna. Luego, el “protocolo” del Ministerio de Seguridad. Más tarde, el
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anticonstitucional y antidemocrático y,
ahora, el envío del proyecto de Ley Ómnibus, que es en los hechos una reforma
constitucional encubierta.
El protocolo está
dirigido a amedrentar la protesta social, y cualquier manifestación grupal
pública avasallando un derecho garantizado por la Constitución Nacional.
El decreto avanza sobre
un sinnúmero de leyes y reglamentaciones, ya sea para derogarlas o
modificarlas, con absoluto desconocimiento de las atribuciones que corresponden
al Poder Legislativo y de los marcos que establece la Constitución Nacional.
El proyecto de Ley
Ómnibus pretende que el Poder Ejecutivo se convierta en único emisor de leyes,
es decir, se otorga la potestad de legislar, vulnerando el mandato democrático
expresado en la composición del Congreso, a la par que deroga leyes y emite otras,
ninguna de ellas para beneficio del conjunto de la sociedad sino a favor de un
concentrado grupo empresarial.
En lo que respecta al
campo de la cultura, las artes y las industrias específicas, este proyecto
elimina la Ley de precio único del libro, desregula la importación, elimina el
Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, desfinancia y limita
el funcionamiento plural y representativo de la Conabip y el INCAA.
La apertura
indiscriminada de la importación va en contra de la producción argentina, o sea
de todo lo que producimos los autores y autoras y se edita en nuestro país, e
inundará el mercado de libros de saldo extranjeros.
La derogación de la Ley
de precio único impedirá a las escritoras y los escritores establecer contratos
editoriales claros, ya que, al existir diversos precios de tapa, no se sabrá
cómo calcular el porcentaje de derecho de autor o regalía que nos corresponde
por nuestro trabajo. A la vez, convertirá a la industria en una selva en la que
su presa será, entre otras, la constelación de librerías —alrededor de 1.300 en
todo el país— y que constituye, además de comercios, una red de agentes
promotores de la cultura. Luego provocará un decrecimiento de la oferta
bibliográfica, un empobrecimiento del caudal de novedades. Será nociva y hasta
letal para las editoriales pymes, que son alrededor de 500.
La desaparición del Fondo
Nacional de las Artes deja a creadores y creadoras en la orfandad en lo que
respecta a concursos, becas, préstamos, fomentos a la actividad. Esto será
particularmente nocivo para escritoras y escritores, ya que no existen otros estímulos
del Estado a la creación autoral. Esto es aún más grave para quienes producen
alejados del centro geográfico de las industrias y los mercados. Es importante
aclarar que los recursos financieros del FNA no provienen del presupuesto del
Estado sino de la recaudación por las obras de dominio público. ¿Dónde irá a
parar ese dinero ahora?
La desaparición del
Instituto Nacional del Teatro deja sin fomento a esta actividad, por lo que
será perjudicial para todo aquello que expresa la diversidad creativa. Estas
políticas dificultan la posibilidad de echar a andar el Instituto Nacional del
Libro, por el que tanto venimos luchado y que hoy tiene estado parlamentario.
El desfinanciamiento de
la Conabip –fundada por Sarmiento en 1870, que apoya el funcionamiento de más
de 1500 bibliotecas populares en todo el país, creadas y sostenidas por las
propias comunidades locales— y del INCAA no requiere mayor explicación, pero sí
la aclaración de que sus modificaciones estatutarias le dan mayor poder directo
al Ejecutivo Nacional y eliminan la representación federal.
La lista de atropellos
(no puede llamarse de otra manera lo enviado al Congreso) es descomunal e
incluye la eliminación del derecho a huelga, la privatización de las empresas
de comunicación estatales, desde la estratégica Arsat a la Televisión Pública, Radio
Nacional y la agencia Télam.
Por lo tanto:
-Rechazamos enfáticamente
el DNU, el Protocolo represivo y la Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo.
-Exigimos a ambas Cámaras
del Congreso Nacional que voten en contra del DNU y de la Ley Ómnibus.
-Apoyamos las medidas de
lucha de trabajadoras y trabajadores y a los amparos presentados para que el
Poder Judicial determine la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y
Urgencia.
-Llamamos a todas las
organizaciones y agrupaciones de trabajadoras y trabajadores de la cultura y
las artes a movilizarse y coordinar las expresiones y acciones que demandará
este tiempo de lucha.
-Convocamos a escritoras
y escritores a sumarse de manera activa a las iniciativas de la Unión de
Escritoras y Escritores en la batalla junto a toda la sociedad para impedir que
se consume la liquidación autocrática de nuestra república.
