INTERINSTITUCIONAL
Nota Periodística
Uno por uno
Así votaron los senadores los vetos de Milei al financiamiento
universitario y la emergencia pediátrica
La
Cámara alta le sumó una nueva derrota legislativa a la gestión de Javier Milei
al rechazar los vetos presidenciales. Con amplia mayoría y pocas abstenciones,
ambos proyectos deberán ser promulgados por el Gobierno.
El Senado
rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en
pediatría y el de financiamiento universitario, por lo que el gobierno de
Javier Milei deberá promulgar ambas leyes.
La insistencia en
pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria
(UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos
afirmativos, mientras que el rechazo fue propiciado por seis senadores de La
Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.
Por su parte, el financiamiento a
universidades, un texto que fue redactado por las autoridades del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), cosechó 58 voluntades afirmativas y siete negativas, en
una votación que también aglomeró a la mayoría de la oposición y dejó del otro
lado a los libertarios, Paoltroni y Álvarez Rivero.
Tres senadores del PRO -Alfredo
de Angeli (Entre Ríos), María Victoria Huala (La Pampa) y Martín Goerling
(Misiones)- se abstuvieron en ambas votaciones, mientras que la radical
Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo en universidades.
De este modo, ambos textos
lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara
alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos
tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Emergencia pediátrica
El proyecto de emergencia en pediatría fija que las autoridades
deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los
servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales
públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida
de niños, niñas y adolescentes”.
Otro punto clave
es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los
salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que
atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.
“Se incluye a los
residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en
efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser
menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, según consignó
el despacho.
También exime al personal de
salud del pago de ganancias cuando desempeñen “actividades críticas,
horas extras y/o guardias”.
Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio
fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas
destinadas a contingencias sanitarias.
Según la Oficina
de Presupuesto del Congreso (OPC), “equiparar las remuneraciones de personal
destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y
residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional
de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.
La OPC señaló que a junio de
2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los
cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay
reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.
El proyecto de ley para las universidades
Por su parte, el
financiamiento universitario otorga una suma especial para la creación de
carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
El dictamen que tuvo luz verde
establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024, y a
partir de enero de este año una actualización bimestral de acuerdo a la
inflación.
Los
recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales
universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno,
propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación
desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista
luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios
al Consumidor.
Otro de los puntos
que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de
convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables
percibidas.
A su vez, la
Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo
externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al
Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Fuente consultada
Diario Página 12, 02/010/2025, 19:51 Hs.
